El 25 de junio, Día del Maestro y la Maestra en Guatemala, el Colectivo Dignidad, Memoria y Paz y el Doctorado Interdisciplinario en Letras y Artes de América Central (DILAAC) de la Universidad Nacional de Costa Rica presentaron el libro “Guatemala: del genocidio al feminicidio" de Victoria Sanford, publicado por F&G. Esta fue la reseña que preparé para la actividad con la que se inició la conmemoración del 70 aniversario de la Revolución de Octubre y de la muerte de la maestra María Chinchilla.
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| María Chinchilla Recinos |
La autora del libro que me corresponde
reseñar es Victoria Sanford, profesora de antropología de la Universidad de la
Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Su trayectoria académica y su interés
por los derechos humanos la llevaron a vivir en Guatemala donde conoció de
primera mano la situación que describe en su breve monografía titulada
“Guatemala: del genocidio al feminicidio”.
En su análisis parte del conflicto
armado que sufrió el país entre 1960 y 1996, en el que el ejército, la policía
y los escuadrones de la muerte –estructuras clandestinas que funcionaban en el
seno de las fuerzas de seguridad- perpetraron un genocidio político y étnico.
Luego, se refiere a la violencia postconflicto y explica las prácticas de
limpieza social y su diferencia con la violencia de las maras o pandillas
juveniles. Al hacer referencia al asesinato de la joven Claudina Isabel
Velásquez Paiz y la investigación emprendida por los entes encargados, nos proporciona
un claro ejemplo de la forma en la que el Estado incumple con su obligación de
garantizar la protección de los derechos a la vida, la igual protección ante la
ley y el acceso a la justicia.
Victoria Sanford se refiere en general a
la problemática de los homicidios en la primera década de este siglo, cuya tasa
en 2008 era de 42 por cada 100 000 habitantes. Al respecto, destaca que entre
2000 y 2005 se registraron casi 21 000 homicidios y que, de seguir creciendo
esa cifra “serán más las víctimas de muertes violentas en los primeros 25 años
de la paz” que los que murieron durante los años del conflicto.
Esta conjetura podría llegar a ser
cierta en 2021 de mantenerse la tendencia como hasta ahora.
En su informe Seguridad Ciudadana con
rostro humano, diagnóstico y propuestas para América Latina (http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf), dado a conocer en
noviembre de 2013, el PNUD contabilizó treinta homicidios
por cada 100 000 habitantes. El 3 de enero, El Faro dio cuenta de que de los tres
países que conforman el llamado “triángulo norte” (Guatemala, El Salvador y
Honduras), en Guatemala se pasó de 6 025 asesinatos en 2012 a 6 072 en 2013 de
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), es
decir, 39.3 asesinatos por cada 100 000 habitantes, una décimas menos que El
Salvador y unos escasos puntos menos que en el período estudiado por la autora (http://www.elfaro.net/es/201401/internacionales/14364/). En la misma nota se lee que para la ONU “un país, un territorio, una
región están martirizados por la violencia cuando se supera la tasa de 10
homicidios por cada 100 000 habitantes”, de allí que considere que el
“triángulo norte” es la subregión más violenta del mundo.
En el siguiente apartado de su libro la
autora da cuenta los hallazgos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, una
instancia creada mediante el Acuerdo
sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de
las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han
causado sufrimientos a la población guatemalteca que fue respaldada por la
ONU.
En su informe “Guatemala : memoria del silencio”, la CEH estableció que el
Estado cometió actos de genocidio a la luz de la Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, de la cual Guatemala es parte. Su
análisis de los datos de tres años –del 80 al 82- le permite a Sanford concluir
que “el genocidio es una atrocidad vinculada al género porque está motivado por
la intención de eliminar a un grupo cultural (…)” Con este se busca “la
destrucción de las bases materiales de la comunidad más su capacidad de
reproducirse”, de allí que “las mujeres son los blancos principales”. Sanford nos
ilustra con cifras de 1981 cuando las mujeres asesinadas en Rabinal fueron el
14% del total de víctimas y en junio de 1982, a tres meses del golpe de Estado
que llevó a Ríos Montt al poder, ya eran el 42% (p. 21).
Como se demostró en el juicio efectuado
en 2013 contra el general Efraín Ríos Montt, en esos años la victimización de
las mujeres indígenas, cuyos cuerpos fueron mancillados de maneras perversas
para impedir la sobrevivencia de sus pueblos, fue un elemento preponderante en
la perpetración del genocidio.
En el libro reseñado encontramos la diferencia entre la limpieza social y
la violencia de las maras en términos de que la primera cuenta con la
aquiescencia, complicidad, apoyo o tolerancia voluntaria o involuntaria del
Estado. El modus operandi de los
perpetradores le lleva a concluir que cuentan con una infraestructura y recursos
para detener y mantener cautivas a las víctimas, someterlas a torturas y
trasladar sus cuerpos sin vida a otros sitios, mientras que la violencia de las
pandillas es observada adentro de sus respectivos territorios, los cuerpos son
marcados con sus distintivos, los crímenes no son limpios, etc.
En los siguientes apartados Victoria
Sanford abunda en detalles acerca de lo sucedido a Claudina Isabel y las
fallidas acciones de la policía, el forense y la fiscalía que impidieron el
desarrollo de una investigación técnica y científicamente realizada, adecuada y
efectiva para hacerle justicia. La joven, asesinada en 2005, es una de las 518 mujeres
muertas violentamente ese año. Con sus 17 años, corresponde al perfil de la
mayoría, que no pasaban de los treinta años.
En el caso de Claudina Isabel y en
muchos otros, las autoridades policiales y judiciales guatemaltecas no adoptaron medidas
inmediatas y exhaustivas de búsqueda y protección inmediatamente después de
haber sido denunciada su desaparición en un contexto de violencia contra las
mujeres que hacía temer por su vida; tampoco investigaron seriamente su
desaparición, violencia y muerte. Mediante el acompañamiento a su afligido
padre en las diligencias que realizó infructuosamente, Victoria Sanford pudo
darse cuenta de las múltiples falencias en las que incurrieron la policía y los
fiscales en el manejo de la escena del crimen, la manipulación de la evidencia,
los errores graves en su análisis, las fallas en las pruebas periciales. Su
cuerpo de niña no fue examinado como se debía para verificar si había sido violada
sexualmente. Con dolor, su padre y su familia se percataron de que su nombre ni
siquiera había sido consignado en el informe del forense. Y ni hablar de la
demora de la justicia.
El 5 de marzo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
presentó el caso de Claudina Isabel Velásquez Paiz a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Por segunda vez Guatemala será llevada a juicio por su
responsabilidad internacional derivada del incumplimiento del deber del Estado
de protección a la vida e integridad personal de las mujeres. En estos días se
espera que la Corte emita una sentencia en otro caso de feminicidio en
Guatemala; se trata de María Isabel Véliz Franco, asesinada en 2001 a los
quince años de edad.
Claudina Isabel fue estereotipada como una persona “eliminable” cuya
muerte era deseable; por su forma de vestir fue encasillada en alguna de las
categorías de potenciales víctimas de la limpieza social en auge en aquellos
años: prostitutas o pandilleros/as.
Ese discurso naturalizador y
justificador de la impunidad, la violencia, el feminicidio y la limpieza social
induce la culpa sobre las víctimas, al igual que en los peores tiempos del
terrorismo estatal. Este año el presidente militar al referirse a las
muertes a balazos de dos muchachas estudiantes de un instituto público las
vinculó a las maras. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los padres y madres de
familia para que vigilen y controlen a sus hijos e hijas, como lo hacía Ríos
Montt en sus sermones dominicales.
Ese estado de cosas inhumano es socialmente aceptado. Lamentablemente, es
demasiada la gente que continúa dividiendo a la población guatemalteca en dos
categorías: las personas matables y las que matan con base en estereotipos y
prejuicios discriminadores.
Esta dimensión de la violencia contra las mujeres fue tomada en cuenta
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su examen del caso de
Claudina Isabel al considerar que en las graves deficiencias identificadas en
las actuaciones de la policía y los diferentes fiscales privó la discriminación.
Tal discriminación –que se extiende a las mujeres guatemaltecas, sobre todo a
las indígenas, las empobrecidas y marginadas- forma parte de la cultura
patriarcal imperante en el país, caracterizada por el sexismo y la misoginia,
aderezada con un racismo de la peor especie. La
discriminación y sus distintas expresiones, como los estereotipos
naturalizadores y justificadores de los crímenes contra las mujeres, está muy
presente en las instancias encargadas de investigar, enjuiciar y castigar a los
culpables.
Para explicar por qué se mata y se
violenta a las mujeres en Guatemala, Victoria Sanford recurre al concepto
político de feminicidio. A diferencia del término criminológico de “femicidio” -“el
asesinato de mujeres por hombres, porque son mujeres” (Russell, p. 62)-, el
feminicidio va más allá de situar la culpa en los perpetradores al enfocarse en
las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres y en la responsabilidad
al Estado y sus instituciones de justicia. Eso le permite concluir que “el
Estado guatemalteco ha fracasado en crear condiciones jurídicas y sociales” (p.
64) que garanticen los derechos humanos de las mujeres, sobre todo su vida y su
seguridad.
En este sentido, como señalan en sus
informes los relatores especiales de la ONU y la Comisión Interamericana,
Guatemala ha incurrido en responsabilidad internacional al no garantizar el
derecho a la vida de las víctimas de feminicidio, no tomar las medidas
necesarias para prevenir y evitar los crímenes ni investigar, enjuiciar y
castigar a los responsables. Entre las obligaciones a cumplir para que la
prevención sea efectiva, el Estado debe “transformar las estructuras
patriarcales y los valores que perpetúan y se atrincheraron en la violencia
contra las mujeres” (Ertuk).
Victoria Sanford intenta entender el
asesinato de mujeres en Guatemala y, en el siguiente apartado, resume una
multiplicidad de “causas” de acuerdo con lo establecido por la Policía Nacional
Civil, la fiscalía, la CIDH, la ONU y la PDH. A la par de otros motivos y
circunstancias, figuran los que se emplean para estereotipar, discriminar y
dejar de investigar los asesinatos de mujeres: el involucramiento con las
pandillas y la delincuencia y los problemas personales y pasionales. Otras de
las explicaciones incluyen palabras como narcotráfico y crimen organizado; sin
nada que decir, la fiscalía declaró en aquellos años que el alza de los
crímenes contra las mujeres era parte del alza generalizada de los homicidios
en el país.
Guatemala es un país atravesado por la
violencia y la impunidad, su hilo conductor, como Sanford nos lo demuestra en otra
parte de su libro. Las víctimas de feminicidio en tiempos de “paz” están
vinculadas a las miles que fueron víctimas del genocidio, la violencia sexual,
la tortura y la desaparición forzada en los años del terrorismo estatal.
Entonces si, como dice Victoria Sanford, “El Estado entrenó a los asesinos para
violar, mutilar y asesinar mujeres durante la guerra (…) [y] estos asesinos y
violadores están libres (…) [se] los continúa protegiendo (…) con la impunidad,
entonces porqué esperar que busquen a los asesinos de Claudina Isabel Velásquez
Paiz o cualquier otra mujer asesinada”.
Lo cierto y doloroso es que la
criminalidad contra las mujeres guatemaltecas ha aumentado a la sombra de la
impunidad. Sus victimarios, al igual que los perpetradores de crímenes de lesa
humanidad en los años del terror estatal, no han sido castigados.
La magnitud de estos crímenes se expone
crudamente en el periódico La Hora del 16 de junio bajo el título LOCALIZAN MUERTA A UNA FÉMINA EN ALTA
VERAPAZ. En la noticia se lee que, según el Sistema Informático de Control
del Ministerio Público (Sicomp), de enero de 2011 a mayo de 2014 se recibieron
un total de 177 553 denuncias por violencia contra la mujer. Los delitos más
frecuentes son violación, agresión sexual, violación agravada, violencia
económica y psicológica, femicidio, trata de personas, violencia física y
violación a la intimidad sexual. Por otra parte, según ONU Mujeres, dos mujeres
son asesinadas cada día en Guatemala (http://www.endvawnow.org/es/articles/299-datos-basicos-.html).
Para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, que constituyen obligaciones internacionales del
Estado guatemalteco en virtud de su ratificación de la Convención de Belém do
Para, Victoria Sanford finaliza su libro con una serie de recomendaciones para
que la justicia sea una realidad, tanto para Claudina Isabel como para las
decenas de millares de víctimas del pasado y el presente. Sin embargo, el país
en lugar de avanzar, en el último año retrocedió estrepitosamente.
A casi veinte años de la firma de la
paz, el nuestro es uno de los países más violentos e impunes del planeta, una
violencia que se ensaña de manera brutal con los cuerpos de las mujeres. El
cercenado y superficial proceso de democratización del país, lo que democratizó
fue la violencia y la muerte, si me permiten emplear este término en este
contexto, violencia, muerte e impunidad que Sanford ubica en un continuo
histórico.
La impunidad se sostiene en una débil institucionalidad de justicia cautiva
de los poderes fácticos, en un contexto de remilitarización. Todo esto se
expresa en el retorcimiento de las leyes, el cercenamiento de la independencia
judicial y las campañas de guerra psicológica, que van desde la ideologización
del discurso, la manipulación de la llamada opinión pública y la concreción de
una visión discriminadora, hasta la reconfiguración de un nuevo enemigo interno, que es toda aquella
persona o entidad que exige respeto a sus derechos.
Pero, contra la voluntad del poder de asegurar la impunidad de los
perpetradores de los horrendos crímenes de ayer y hoy, la justicia se abre paso
dificultosamente de la mano de las mujeres. En este sentido, Victoria Sanford
me pidió que llamara su atención acerca de que el 21 de junio fueron capturados
Esteelmer Reyes Girón, exoficial del Ejército, y Heriberto Valdez Asij,
excomisionado militar, acusados de crímenes de guerra cometidos en 1982 y 1983 en
Sepur Zarco, El Estor, Izabal, al noreste del país. En su mensaje, Victoria menciona
que la acusación incluye –además de la desaparición forzada de 18 personas- la
detención, servidumbre y violencia sexual de quince mujeres en el destacamento
de esa localidad. Estos delitos, dice, son otra muestra de la institucionalización
de la violencia sexual contra la mujer por parte de las autoridades de
Guatemala. Acerca de Valdez Asij, Victoria dice que siguió desempeñando cargos
de jefe de de la policía al igual que otros presuntos criminales, “lo cual ha
fomentado violencia contra la mujer y un desinterés en procesar violadores en
el presente.” Continúa diciendo que “el Canche Asij fue jefe de la policía en
Panzós en 1978, cuando hubo la masacre; seguía como jefe de la policía en 1997
cuando yo participaba en la exhumación de las víctimas de la masacre de Panzós.
El hilo conductor de la masacre de Panzós y la violencia de Sepur Zarco hasta
el feminicidio de ahora es la impunidad fomentada por los hechores que sigue
con poder público, oficial y clandestina paraestatal.
Cada juicio que procesa violadores y asesinos de las mujeres (ya sean del
presente o pasado) abre más la posibilidad de romper la impunidad y parar la
misoginia estatal. Así que pido a los que asisten al evento que apoyen los
procesos jurídicos para la justicia en Guatemala, así sean procesos en las
cortes de Guatemala, en la Corte Interamericana o en cortes de otros países
como España y Suiza.”
